Una Tragedia y la Apatía Marcan el Voto en Hong Kong

Una Tragedia y la Apatía Marcan el Voto en Hong Kong

Las elecciones legislativas de Hong Kong, celebradas el 7 de diciembre de 2025, se desarrollaron en un escenario de profunda complejidad social y política, donde la normalidad democrática fue eclipsada por eventos que han redefinido la relación entre los ciudadanos y el poder. La jornada electoral estuvo marcada de forma indeleble por dos factores determinantes: la consolidación de un sistema electoral restrictivo diseñado para excluir a cualquier figura de la oposición prodemocracia, y el luto nacional provocado por un devastador incendio que se cobró la vida de 159 personas apenas dos semanas antes de la votación. Esta confluencia de una crisis de confianza política y una tragedia humana transformó los comicios en un referéndum implícito sobre la legitimidad del gobierno y la apatía cívica, convirtiendo la tasa de participación en el verdadero protagonista de un proceso electoral sin competencia real. La atmósfera en los centros de votación reflejó más un deber administrativo que un ejercicio de fervor democrático, en una ciudad que aún procesa los drásticos cambios de los últimos años.

Un Sistema Electoral Sin Oposición

La Arquitectura del Control Político

Estos comicios representan la segunda ocasión en que los ciudadanos de Hong Kong votan bajo la profunda reforma electoral impuesta por Pekín en 2021, un mecanismo diseñado con el propósito explícito de garantizar que únicamente «patriotas» leales al gobierno central chino puedan acceder a cargos públicos. La estructura del Consejo Legislativo, compuesto por 90 escaños, ha sido fundamentalmente alterada para minimizar la influencia del sufragio universal. De la totalidad de los asientos, solo 20 son elegidos directamente por el voto popular, una fracción minoritaria que limita drásticamente la capacidad del electorado general para influir en la composición del cuerpo legislativo. Los 70 escaños restantes se distribuyen a través de canales controlados por el establishment: 40 son seleccionados por un Comité Electoral de 1.500 miembros, mayoritariamente pro-Pekín, mientras que los otros 30 representan a circunscripciones funcionales, que agrupan a élites de sectores profesionales e industriales clave, como las finanzas, la salud y el sector inmobiliario, elegidos por sus propios pares.

Este rediseño del sistema electoral no solo diluye el poder del voto ciudadano, sino que también establece un riguroso proceso de veto que asegura la exclusión de cualquier voz disidente. Todos los candidatos, sin excepción, deben ser nominados por el Comité Electoral y superar un exhaustivo escrutinio por parte de un comité de investigación que evalúa su patriotismo y lealtad. La consecuencia directa es la eliminación total de la oposición prodemocracia, que históricamente representaba a una porción significativa del electorado. Sin competencia ideológica y con candidatos cuya principal credencial es su alineación política con Pekín, las elecciones se transforman en un proceso administrativo de ratificación más que en una contienda democrática. Este panorama convierte la jornada electoral en un ejercicio para legitimar un sistema predefinido, donde la ausencia de alternativas reales deja a los votantes con una sensación de impotencia y desconexión, un marcado contraste con el vibrante y a menudo contencioso panorama político que caracterizaba a la ciudad en el pasado.

La Participación como Termómetro Social

En un entorno político donde la competencia ha sido erradicada y el resultado de la elección está prácticamente predeterminado, la atención de analistas, observadores internacionales y de la propia ciudadanía se desplaza inevitablemente hacia la tasa de participación. Este indicador se ha consolidado como el barómetro más fiable y elocuente del sentimiento público, un reflejo directo del nivel de compromiso cívico, la apatía generalizada o, en su forma más sutil, una protesta silenciosa. La elección legislativa de 2021 ya había sentado un precedente alarmante, con una participación que se desplomó a un mínimo histórico de aproximadamente el 30 %, una cifra que evidenció el profundo desinterés y la desafección generados por la reforma electoral. Para la jornada de 2025, las expectativas eran aún más sombrías. A las 15:30 hora local, con ocho horas de votación ya transcurridas, la participación apenas rondaba el 20 %, apuntando a un nuevo récord de abstencionismo y confirmando la creciente brecha entre el gobierno y la sociedad.

La interpretación de esta baja afluencia a las urnas va más allá de un simple dato estadístico; se convierte en un veredicto sobre la legitimidad del sistema político vigente. Expertos como John Burns, profesor honorario de la Universidad de Hong Kong, han señalado que una caída continuada en la participación no solo demuestra el rechazo de los sectores críticos, sino que también sugiere que una porción de los propios partidarios del gobierno se está distanciando. Este alejamiento podría deberse a múltiples factores, incluyendo las reservas sobre la gestión del reciente incendio y la percepción de problemas sistémicos de gobernanza que la tragedia sacó a la luz. Por lo tanto, en un contexto donde los canales tradicionales de expresión política han sido severamente restringidos o clausurados, la decisión de no votar se convierte en una de las pocas formas de disidencia pasiva disponibles. La participación, o la falta de ella, envía un mensaje inequívoco a las autoridades sobre el verdadero estado del contrato social en la ciudad.

La Sombra de una Catástrofe

El Incendio que Desvió el Foco

El evento que ha dominado de manera abrumadora la conciencia pública y el discurso en las semanas previas a las elecciones fue el trágico incendio en el complejo de apartamentos de Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po. Con un saldo de 159 víctimas mortales, se convirtió en el desastre de este tipo más mortífero en Hong Kong en décadas, generando una ola de conmoción, dolor e indignación en toda la sociedad. La catástrofe, ocurrida apenas dos semanas antes de la jornada electoral, desvió por completo el foco de atención. El debate público pasó de la insípida campaña electoral a cuestiones mucho más urgentes y fundamentales sobre la presunta negligencia gubernamental, la laxitud en la supervisión de la seguridad de los edificios y la posible corrupción sistémica, incluyendo acusaciones de manipulación de licitaciones en proyectos de mantenimiento y renovación de infraestructuras. El desastre expuso las grietas de la administración pública y puso en tela de juicio la competencia de las autoridades para proteger a sus ciudadanos.

Esta tragedia transformó inevitablemente la elección en una prueba indirecta del sentimiento público hacia la gestión de la crisis por parte del gobierno liderado por John Lee. Aunque la campaña electoral se mantuvo en un tono general moderado por respeto a las víctimas y sus familias, el descontento popular era palpable. Algunos candidatos intentaron capitalizar esta indignación, prometiendo iniciar investigaciones exhaustivas y combatir la manipulación de licitaciones, pero sus voces quedaron opacadas por la magnitud del duelo colectivo. El incendio no solo añadió una capa de tristeza y rabia al ya apático clima electoral, sino que también reforzó la percepción de una desconexión entre las prioridades del gobierno, centrado en proyectar una imagen de estabilidad política, y las preocupaciones reales de la ciudadanía, que ahora se enfrentaba a una crisis de seguridad y confianza en sus instituciones más básicas. La elección, por tanto, se cargó de un simbolismo imprevisto, convirtiéndose en un plebiscito silencioso sobre la capacidad del gobierno.

La Respuesta del Gobierno Incentivos y Coerción

Frente al previsible escenario de una baja participación que podría socavar la narrativa de éxito del nuevo sistema electoral, el gobierno, encabezado por el jefe ejecutivo John Lee, desplegó una estrategia de doble cara que combinaba incentivos con medidas coercitivas. Por un lado, se realizaron esfuerzos significativos para impulsar la afluencia a las urnas, viéndola como una validación crucial de su modelo político. Antes de que el incendio alterara el panorama, se organizaron foros de candidatos para intentar generar interés, se amplió el horario de votación en dos horas, se añadieron nuevos colegios electorales en puntos estratégicos y se ofrecieron subsidios a centros de mayores y a organizaciones de personas con discapacidad con el objetivo de facilitar el transporte y el acceso al voto. Estas medidas fueron presentadas como un esfuerzo por hacer el proceso más accesible y participativo, aunque muchos las interpretaron como un intento de inflar artificialmente las cifras de participación para proyectar una imagen de respaldo popular.

Paralelamente a estas medidas de fomento, las autoridades adoptaron una postura mucho más dura y coercitiva contra cualquier forma de disidencia electoral. Se llevaron a cabo arrestos de varias personas acusadas de incitar a otros a no votar o a emitir votos nulos, acciones que fueron calificadas como un ataque a la libertad de expresión. De manera aún más notable, el brazo de seguridad nacional de Pekín en la ciudad convocó a representantes de medios de comunicación extranjeros para advertirles que debían adherirse estrictamente a las leyes de seguridad nacional y cesar de «difamar» los esfuerzos del gobierno o «interferir» en las elecciones utilizando la «libertal de prensa» como pretexto. John Lee, por su parte, defendió la decisión de celebrar las elecciones a pesar de la tragedia nacional, argumentando que era imperativo contar con una nueva legislatura para trabajar con el gobierno en la respuesta al incendio, incluyendo la revisión de la financiación para las víctimas y la redacción de leyes más estrictas.

El Voto como Reflejo de una Ciudad Desconectada

Una Normalidad Forzada

La narrativa unificada que emergió de la jornada electoral fue la de un proceso que se celebró bajo una tensión palpable, aunque silenciada. Por un lado, el gobierno de Hong Kong y las autoridades de Pekín se esforzaron por proyectar una imagen de normalidad, estabilidad y funcionalidad, presentando las elecciones como la culminación exitosa de un sistema político «patriótico» y ordenado. Por otro lado, la realidad social y política subyacente reveló una profunda y creciente desconexión entre la élite gobernante y la ciudadanía. La apatía política, que ya era un sentimiento generalizado desde la represión de las protestas de 2019 y la imposición de la Ley de Seguridad Nacional, se vio exacerbada por un desastre de proporciones históricas. Este incendio no solo causó un dolor inmenso, sino que también puso en tela de juicio la competencia, la transparencia y la integridad del mismo gobierno que ahora buscaba legitimarse a través de las urnas. La elección se convirtió así en un teatro de la normalidad en medio de un profundo malestar social.

Votar por Deber No por Convicción

La declaración de un votante jubilado, Kwan Lam, encapsuló perfectamente el sentimiento que prevaleció entre muchos de los que acudieron a las urnas: «Estoy cumpliendo con mi deber cívico de votar… pero no estoy muy seguro de qué candidato es trabajador y cuál no». Sus palabras reflejaron una participación impulsada más por un sentido del deber cívico, o quizás por inercia, que por una convicción genuina o una conexión real con los candidatos, cuya principal credencial no era su programa político, sino su demostrada lealtad al sistema. Las elecciones legislativas de 2025 no pudieron ser evaluadas como un ejercicio democrático convencional, sino como un evento político cuidadosamente orquestado cuyo propósito final era consolidar el control de Pekín y legitimar un sistema que ha silenciado la disidencia. Al final, el hallazgo más significativo fue que, a pesar de todos los esfuerzos del gobierno, el desinterés público, magnificado por la tragedia, amenazó con socavar esa misma legitimidad. La baja participación electoral se erigió como la forma más visible y potente de disidencia pasiva en una ciudad donde las libertades políticas se han erosionado drásticamente, enviando una señal inequívoca de que una parte significativa de la población permaneció al margen, ya fuera por elección, resignación o protesta silenciosa.

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