En un mundo que avanza a pasos agigantados hacia la hiperconectividad y las redes de última generación, la reaparición de una tecnología considerada por muchos como una reliquia del pasado ha generado un intenso debate en México. CFE Telecomunicaciones, la filial de la Comisión Federal de Electricidad encargada de reducir la brecha digital, ha puesto en marcha un ambicioso programa para instalar cabinas telefónicas públicas y gratuitas en comunidades marginadas. El objetivo declarado es noble: ofrecer un medio de comunicación esencial para quienes, por razones económicas o generacionales, se encuentran desconectados de la era digital, permitiéndoles mantener el contacto con sus seres queridos. Sin embargo, esta iniciativa, que evoca una nostalgia de otra época, ha sido recibida con una mezcla de escepticismo y críticas por parte de expertos, quienes cuestionan si revivir un modelo obsoleto es la estrategia más eficiente y pertinente para enfrentar los desafíos de conectividad del presente. La discusión se centra en si este proyecto representa una solución pragmática para un problema real o una inversión de recursos públicos en una dirección equivocada.
Una Estrategia de Conectividad Bajo la Lupa
Implementación y Alcance Geográfico
La materialización de este programa se ha llevado a cabo mediante una estrategia de colaboración directa con los gobiernos municipales, quienes facilitan la instalación de las cabinas en puntos estratégicos de sus comunidades. A un año de su lanzamiento, el despliegue ha mostrado un avance significativo, con un total de 848 casetas telefónicas instaladas a lo largo del territorio nacional. Un análisis de la distribución geográfica revela una concentración marcada en los estados del sureste del país, una región históricamente caracterizada por sus altos índices de marginación y su limitado acceso a infraestructura de telecomunicaciones. Entidades como Veracruz, Oaxaca y Chiapas figuran entre las principales beneficiarias, lo cual es coherente con la misión social del proyecto de atender a las poblaciones más vulnerables. La presencia de estas cabinas busca ser un símbolo tangible del esfuerzo estatal por no dejar a nadie atrás, proveyendo una herramienta de comunicación básica y sin costo que, en teoría, responde a las necesidades inmediatas de personas sin acceso a teléfonos móviles o servicios de internet.
El Debate Sobre su Pertinencia Tecnológica
El núcleo del cuestionamiento a esta iniciativa no reside en su intención social, sino en la pertinencia de la tecnología elegida en el contexto actual. El proyecto ha reabierto un debate fundamental sobre cuál debe ser el rumbo de las políticas públicas de conectividad en México. Por un lado, se encuentra la postura gubernamental que defiende la reinstalación de cabinas como una medida de inclusión directa y de bajo umbral de acceso para segmentos de la población que no poseen habilidades digitales o los recursos para adquirir un teléfono inteligente. No obstante, voces expertas señalan que esta visión podría ser cortoplacista. Se argumenta que la idea original del programa data de hace casi cinco años, un lapso en el cual el ecosistema tecnológico ha evolucionado drásticamente. Este desfase temporal refuerza la percepción de que la estrategia no está alineada con las tendencias actuales y futuras, donde la conectividad a internet se ha vuelto más fundamental que las llamadas de voz tradicionales para el acceso a la educación, la salud y las oportunidades económicas, planteando serias dudas sobre su eficacia a largo plazo.
Críticas y la Exigencia de Transparencia
Voces Críticas y Alternativas Propuestas
El escepticismo en torno al programa ha sido articulado de manera contundente por diversas organizaciones y especialistas del sector. Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), ha sido uno de los críticos más vocales, calificando el proyecto como un «modelo anacrónico y rezagado». Su argumento principal se centra en la eficiencia del uso de los recursos públicos. Sostiene que el presupuesto destinado a la fabricación, instalación y mantenimiento de estas cabinas telefónicas podría tener un impacto mucho mayor si se invirtiera en la expansión de infraestructura digital moderna, como redes de fibra óptica o la instalación de puntos de acceso a internet WiFi en zonas rurales. Además, subraya la importancia de complementar la inversión en infraestructura con programas robustos de alfabetización y capacitación digital, ya que la verdadera inclusión no se logra únicamente proveyendo acceso, sino también otorgando las habilidades necesarias para aprovechar las herramientas tecnológicas. Desde esta perspectiva, la iniciativa de CFE atiende un síntoma, pero no la raíz del problema de la brecha digital.
La Sombra de la Opacidad
Un punto de convergencia entre todas las críticas es la alarmante falta de transparencia que rodea al programa. Hasta la fecha, CFE Telecomunicaciones no ha hecho pública información crucial que permita evaluar de manera objetiva la eficacia y el impacto real de la iniciativa. Se desconoce el monto total de la inversión realizada, así como el desglose de los costos por cada cabina instalada. Más importante aún, no existen datos públicos sobre el volumen de uso, como la cantidad de minutos en llamadas que se han cursado desde su implementación. Esta opacidad informativa ha impedido dimensionar si el proyecto responde a una necesidad social validada y si los resultados justifican el gasto. La ausencia de estudios previos o encuestas que respalden la estrategia ha alimentado la sospecha de que la decisión se basó en suposiciones en lugar de evidencia. El futuro de este programa se encontró en una encrucijada, donde su viabilidad dependió críticamente de su capacidad para demostrar con datos tangibles su pertinencia y de su potencial para adaptarse, quizás transformando estas estructuras en nodos de conectividad a internet para las comunidades remotas a las que buscaba servir.
