La exigencia de una rendición de cuentas exhaustiva sobre los fenómenos naturales y su vigilancia técnica se ha convertido en una prioridad ineludible para la sociedad civil en las islas Canarias. En este escenario, la asociación Tierra Bonita ha desplegado una ofensiva legal y social sin precedentes contra el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) y el Cabildo de Tenerife, reclamando una apertura total de los datos científicos y una fiscalización rigurosa de las finanzas de la entidad. Esta iniciativa no solo responde a una necesidad de transparencia administrativa, sino que se fundamenta en la convicción de que la información generada con recursos públicos debe ser de libre acceso para garantizar la seguridad colectiva. El debate actual trasciende la mera gestión burocrática para adentrarse en el terreno de la ética científica y la responsabilidad política, especialmente en un territorio donde la actividad volcánica es una realidad constante y latente que requiere de una comunicación clara y sin filtros procesados entre las instituciones y la población.
El Derecho al Acceso a la Información Técnica
Datos Abiertos y Propiedad Pública
La controversia principal se asienta sobre la naturaleza jurídica de los datos captados por la red de vigilancia volcánica, la cual es operada por una sociedad mercantil cuyo único accionista es el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), dependiente directamente del Cabildo de Tenerife. Al financiarse íntegramente con subvenciones y fondos del erario, Tierra Bonita sostiene que los registros brutos de sismicidad, geoquímica de gases y deformación del terreno deben estar a disposición del público en tiempo real a través de un portal abierto. El argumento técnico es contundente: los fenómenos de la naturaleza capturados mediante instrumentación automatizada no cumplen con los requisitos de originalidad o creación humana necesarios para ser protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. Por lo tanto, estos registros no pueden ser considerados propiedad privada de la entidad, sino un patrimonio esencial del dominio público que debe servir para el avance de la ciencia y la protección civil sin restricciones de ningún tipo.
La persistencia en mantener estos datos bajo un régimen de acceso restringido o diferido supone, según los expertos legales de la asociación, una barrera injustificada que obstaculiza la transparencia democrática. No existe una justificación técnica sólida para que una entidad pública limite el acceso a mediciones que han sido costeadas por los contribuyentes, especialmente cuando tales datos son vitales para el análisis independiente de otros científicos. Esta democratización de la información permitiría que universidades y centros de investigación globales colaboren en el estudio de la geología canaria, enriqueciendo el conocimiento sin que el flujo de información se vea interrumpido por intereses institucionales. La exigencia de Tierra Bonita busca erradicar la práctica de tratar la información científica como un activo corporativo, devolviéndole su función original como una herramienta de servicio público que debe estar disponible para cualquier ciudadano o investigador interesado en la materia.
Insuficiencia de los Canales Informativos Actuales
En la actualidad, la comunicación de INVOLCAN con la sociedad se canaliza fundamentalmente a través de informes periódicos conocidos como boletines Guayota, los cuales son calificados por la asociación como insuficientes y limitados. Estas publicaciones ofrecen interpretaciones estadísticas y resúmenes procesados que, si bien son informativos para un público general, carecen del rigor necesario para permitir una verificación independiente de la actividad volcánica. Al no publicarse los datos brutos o «raw data», la comunidad científica y la ciudadanía se ven obligadas a aceptar las conclusiones oficiales sin posibilidad de realizar análisis alternativos. Esta falta de profundidad informativa genera un vacío de confianza, ya que se percibe que la institución ejerce un control editorial sobre la realidad geológica de las islas, seleccionando qué información se difunde y bajo qué parámetros interpretativos se presenta ante la opinión pública.
Además, se establece una comparación crítica con el funcionamiento de otras entidades de carácter estatal, como el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que sí ofrece registros sismográficos y ciertos parámetros de deformación de manera más accesible. Sin embargo, Tierra Bonita subraya que el cumplimiento parcial de una institución no exime a INVOLCAN de sus responsabilidades propias como entidad financiada por el Cabildo tinerfeño. La asociación insiste en que la transparencia no debe ser un acto de buena voluntad, sino un estándar operativo obligatorio que incluya la publicación inmediata de cualquier anomalía detectada. El acceso limitado a la tecnología de vanguardia adquirida con dinero público es visto como un anacronismo en la era de los datos abiertos, donde la seguridad de la población depende directamente de la capacidad de respuesta y de la veracidad de la información compartida por los organismos de vigilancia.
Fiscalización Financiera y de Recursos Humanos
Opacidad en la Administración y la Contratación
La demanda de transparencia no se detiene en los aspectos puramente científicos, sino que se extiende con igual firmeza hacia la estructura administrativa y financiera de INVOLCAN. La asociación Tierra Bonita ha solicitado formalmente una auditoría profunda que permita esclarecer el destino de cada euro invertido, denunciando que la información disponible sobre contratos, subcontrataciones y convenios es fragmentaria y extremadamente difícil de consultar. Esta opacidad administrativa genera dudas razonables sobre la eficiencia en la ejecución de los presupuestos destinados a la seguridad volcánica y la investigación. En un entorno donde los recursos son limitados, la fiscalización ciudadana se presenta como el único mecanismo capaz de asegurar que los fondos públicos no se pierdan en estructuras burocráticas opacas o en contratos que no respondan a criterios estrictos de necesidad y beneficio para el archipiélago.
El control sobre el gasto público en ciencia es fundamental para garantizar que las inversiones se traduzcan en mejoras reales en la capacidad de vigilancia y prevención de desastres. La falta de claridad en las cuentas anuales y en los procesos de licitación pública dentro de INVOLCAN ha sido señalada como un riesgo para la integridad institucional. Por ello, se exige que la entidad publique de forma proactiva y en formatos reutilizables toda la información relativa a su gestión económica, permitiendo un seguimiento en tiempo real de las inversiones tecnológicas y de los gastos operativos. Solo mediante una exposición total de los flujos financieros se podrá restaurar la confianza en una institución que maneja un área tan sensible para la vida de los habitantes de las islas, eliminando cualquier sospecha de gestión ineficaz o de falta de rigor en el manejo de los caudales públicos depositados bajo su responsabilidad.
Claridad en las Políticas de Personal Especializado
Otro punto de gran sensibilidad social y política es la política de recursos humanos aplicada en INVOLCAN, la cual ha sido cuestionada por la aparente falta de procesos de selección abiertos y competitivos. Tierra Bonita exige que se publiquen de manera detallada los criterios de objetividad, mérito e igualdad que rigen el acceso al empleo en esta sociedad mercantil, dado que se financia con el erario público. La asociación busca verificar si las contrataciones de personal técnico y científico siguen los mismos estándares de transparencia exigidos a cualquier otro organismo de la administración pública, descartando así cualquier atisbo de arbitrariedad o favoritismo en la selección de especialistas. La excelencia científica solo puede garantizarse si los procesos de reclutamiento son transparentes y permiten la concurrencia de los mejores perfiles profesionales en igualdad de condiciones.
Esta exigencia de claridad en las contrataciones responde a una demanda histórica de democratización en el acceso a los puestos de trabajo de alta cualificación en Canarias. Al ser una entidad que opera en un ámbito tan crítico como la vulcanología, la idoneidad del personal es un factor determinante para la seguridad de todos. La opacidad en la publicación de vacantes y en los baremos de puntuación utilizados en las entrevistas y pruebas de selección ha alimentado un clima de desconfianza que solo podrá disiparse mediante la exposición pública de las políticas de personal. La asociación sostiene que una institución que se niega a ser transparente en su gestión de recursos humanos está enviando una señal negativa sobre su compromiso con los valores democráticos y la excelencia técnica, lo que debilita su autoridad ante la comunidad científica internacional y ante la propia ciudadanía canaria.
El Legado de La Palma y la Seguridad Futura
Reparación Ética y Prevención en Tenerife
El conflicto actual está profundamente marcado por las lecciones aprendidas y las heridas aún abiertas tras la erupción del volcán Tajogaite en La Palma durante el año 2021. La gestión de aquella crisis puso de manifiesto fallos sistémicos en la comunicación de riesgos y en la toma de decisiones políticas basadas en datos científicos que, según denuncian diversos colectivos, fueron ocultados o minimizados. La ausencia de evacuaciones preventivas antes del inicio de la erupción y el secretismo en torno a las actas de los comités científicos del PEVOLCA han generado un trauma social que ahora se traduce en una exigencia de reparación ética. Para Tierra Bonita, la transparencia de INVOLCAN es una deuda pendiente con la población damnificada de La Palma, y la apertura de datos se configura como la única garantía de que no se repetirán los errores del pasado en futuras emergencias volcánicas.
La situación geológica de la isla de Tenerife, que ha registrado un incremento en la actividad sísmica anómala desde el año 2016, otorga a esta reclamación una urgencia absoluta para la seguridad civil. La transparencia no debe ser vista simplemente como un trámite administrativo, sino como el pilar fundamental sobre el que se debe construir la gestión de riesgos en un archipiélago volcánicamente activo. Si el Cabildo de Tenerife desea recuperar la credibilidad institucional, debe liderar una transición hacia un modelo de ciencia abierta donde la información técnica sea compartida sin demora. El ocultismo informativo solo genera incertidumbre y miedo, mientras que una sociedad informada es una sociedad más resiliente y preparada para afrontar los desafíos de la naturaleza. La apertura de los archivos y registros de INVOLCAN es el primer paso necesario para establecer un nuevo contrato social basado en la confianza mutua entre científicos, políticos y ciudadanos.
Hacia un Nuevo Modelo de Gestión en Canarias
La resolución de este conflicto requiere una transformación profunda en la manera en que las instituciones canarias gestionan la información crítica sobre riesgos naturales y recursos públicos. Resulta imperativo que el Cabildo de Tenerife y la dirección de INVOLCAN adopten de inmediato una política de datos abiertos que incluya no solo la sismicidad, sino también el acceso a las actas de sus órganos de dirección y los detalles pormenorizados de su ejecución presupuestaria. Las autoridades deben comprender que la fiscalización externa no es una amenaza, sino una oportunidad para mejorar la eficiencia y fortalecer la legitimidad de sus actuaciones ante una ciudadanía cada vez más informada y exigente. La creación de una plataforma digital de libre acceso, donde los datos se publiquen de forma automatizada y sin filtros previos, sería el avance más significativo en materia de seguridad volcánica de la última década.
El camino a seguir implica elevar el nivel de exigencia administrativa y asegurar que la Comisionada de Transparencia de Canarias intervenga de manera efectiva para garantizar el cumplimiento de las leyes de acceso a la información pública. Es necesario establecer protocolos claros que obliguen a la difusión de anomalías geológicas en el momento exacto en que se detectan, eliminando cualquier posibilidad de gestión política de la información científica. De cara al futuro, la integración de la participación ciudadana en el seguimiento de la vigilancia volcánica podría servir como un modelo de innovación democrática para otras regiones con riesgos similares. La transparencia total no solo es un derecho legal, sino una herramienta de supervivencia que permitirá a Canarias afrontar los procesos volcánicos venideros con una base sólida de confianza, rigor técnico y responsabilidad compartida entre todos los actores involucrados.
