La reciente promulgación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México ha generado un debate nacional sobre el acceso a Internet y el papel del gobierno en garantizar la conectividad para todos los ciudadanos. Impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esta ley tiene como objetivo conectar a 15 millones de mexicanos que actualmente no disponen de acceso a Internet, una necesidad cada vez más imperativa en la era digital. La iniciativa plantea realizar profundos cambios en el funcionamiento de las telecomunicaciones en el país, buscando equilibrar los esfuerzos entre el sector público y privado, para asegurar que el acceso a la tecnología y la información sean derechos universales.
Reestructuración de funciones y accesibilidad
Separación de funciones y apoyo comunitario
Un aspecto central de esta legislación es la transferencia de funciones de competencia económica a la nueva Comisión Antimonopolio, un movimiento destinado a mejorar la regulación en el sector y eliminar prácticas que impidan la libre competencia. Además, entre las prioridades, se encuentra la recuperación de los derechos de las audiencias y el apoyo explícito a las radios comunitarias, como parte de un esfuerzo por diversificar los medios de comunicación y garantizar que cada voz tenga su espacio. Esta reestructuración de roles pretende fomentar un entorno donde tanto las empresas privadas como las organizaciones comunitarias puedan coexistir y colaborar en la prestación de servicios de calidad.
La ley también incluye una medida innovadora que se ha adaptado de un enfoque inspirador implementado en Brasil. Permite que empresas privadas ofrezcan cobertura gratuita en ciertas zonas y situaciones, contribuyendo al acceso de Internet en comunidades marginadas. Esto fomenta la cooperación público-privada, asegurando que ninguna región quede desatendida debido a barreras geográficas o económicas. Durante «Las mañaneras del pueblo», se subrayaron estos cambios que no sólo benefician al país en su conjunto, sino que también proporcionan nuevas oportunidades a las empresas al permitirles continuar sus operaciones bajo este contexto más inclusivo.
Comisión Federal de Electricidad y propaganda extranjera
Una de las revoluciones más notables en esta legislación es la autorización a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para ofrecer servicios de Internet en áreas sin cobertura, posicionándola en igualdad de condiciones con las empresas privadas para abordar las carencias en conectividad. Este cambio estratégico le permite a la CFE utilizar su infraestructura existente para proporcionar acceso a Internet, especialmente en zonas rurales donde el despliegue tradicional por parte de operadores comerciales podría no ser viable o rentable.
Además, otra de las reformas significativas fue la eliminación del artículo 109 del marco normativo para prevenir confusiones, claramente estableciendo limitaciones en cuanto a la presencia de propaganda extranjera. La nueva disposición decreta que únicamente se permitirá este tipo de propaganda si tiene fines turísticos, culturales o deportivos, asegurando así que la influencia internacional en los medios mexicanos esté controlada y se relacione directamente con el enriquecimiento cultural y social del país.
Expansión sin precedentes de conectividad
Impacto en infraestructura y cobertura
José Antonio Peña Merino, quien lidera la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ha detallado que de los 15 millones de mexicanos sin acceso a Internet, una proporción significativa, 10.2 millones, son menores de 14 años y viven en áreas totalmente sin cobertura. Otros 4.4 millones residen en lugares donde, aunque existe cobertura, no pueden costear un servicio de Internet, subrayando así una disparidad que la nueva ley busca eliminar. Este sector poblacional se vuelve crítico, ya que representa el grupo más vulnerable y de alta prioridad en la iniciativa de conectividad propuesta.
Durante el mandato del anterior presidente Andrés Manuel López Obrador, la infraestructura de conectividad en México experimentó un progreso notable, incrementando de 13 mil a 141 mil localidades conectadas, lo que benefició a cerca de 40 millones de personas. Este crecimiento respondió a una demanda acelerada de servicios digitales y puso de manifiesto la importancia de fortalecer los recursos y capacidades tecnológicas del país para seguir avanzando hacia una completa cobertura nacional. La nueva ley busca aprovechar este impulso y continuar expandiendo el alcance de la infraestructura hacia las áreas más remotas.
Programa de Conectividad para el Bienestar
Otro factor clave en estos avances ha sido el programa Conectividad para el Bienestar, diseñado para facilitar acceso a servicios de Internet de manera equitativa. Por medio de este programa, se han entregado 2.9 millones de tarjetas SIM que proporcionan servicios gratuitos con un límite mensual de 5 GB, permitiendo que más ciudadanos tengan acceso a las herramientas digitales esenciales para la educación, el trabajo y la interacción social. Este componente del esfuerzo nacional expande significativamente la capacidad de comunicación en regiones que antes quedaban al margen de los beneficios tecnológicos.
A pesar de estos notables adelantos, la realidad actual indica que solo el 92% de la población mexicana habita en zonas con cobertura de Internet, lo que hace evidente la disparidad existente entre localidades de diferentes tamaños y condiciones socioeconómicas. El reto es continuar cerrando esta brecha digital, asegurando que cada hogar, escuela y comunidad cuente con el acceso necesario para participar plenamente en la vida digital. La ley, en combinación con los esfuerzos públicos y privados, pretende abordar estos desafíos de manera integral.
Perspectivas y próximos pasos
La promulgación reciente de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México ha desencadenado un debate a nivel nacional sobre la importancia del acceso a Internet y el rol que debe tener el gobierno en asegurar la conexión para todos los mexicanos. Esta legislación, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca integrar a unos 15 millones de ciudadanos que actualmente carecen de acceso a la web, un recurso que se ha vuelto indispensable en nuestra era digital cada vez más interconectada. A través de esta ley, se proponen cambios significativos en el funcionamiento de las telecomunicaciones en México, intentando equilibrar y alinear tanto los esfuerzos del sector público como del privado. De esta manera, se aspira a garantizar que el acceso a la tecnología y a la información pase a ser un derecho al que todos puedan acceder sin importar su ubicación geográfica o situación económica. Esta iniciativa destaca la necesidad imperiosa de cerrar la brecha digital en el país.
