En un esfuerzo por enfrentar los desafíos de la identificación y la búsqueda de personas desaparecidas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha propuesto una iniciativa para mejorar la Clave Única de Registro de Población (CURP). La propuesta consiste en incorporar información biométrica, como huellas dactilares y fotografías, junto con otros datos personales, convirtiéndola en un documento único de identificación. Esta medida ha suscitado un amplio debate sobre los beneficios y posibles riesgos de tal consolidación de datos.
Mejoras propuestas para la CURP
La reforma presentada por Sheinbaum ante el Congreso incluye cambios a la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Estas modificaciones buscan obligar a las entidades privadas a proporcionar información relevante a las autoridades para facilitar la localización de personas desaparecidas. También se pretende que el gobierno tenga acceso a una variedad de datos personales, como información financiera, de salud, telecomunicaciones, educación y seguridad social, con el fin de crear un sistema de identificación más robusto y útil para múltiples propósitos.
Sin embargo, esta iniciativa recuerda una propuesta similar de 2019 promovida por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que no logró avanzar debido a preocupaciones sobre la protección de datos personales. El principal argumento en favor del nuevo sistema es que la centralización de datos facilitará la elaboración de perfiles más completos, mejorando la eficiencia tanto en servicios públicos como en investigaciones criminales y de seguridad.
Preocupaciones sobre la seguridad de los datos
A pesar de los posibles beneficios, las preocupaciones sobre la seguridad de los datos personales persisten, y no sin razón. Incidentes recientes, como la filtración de información de más de 300 reporteros, han puesto en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas actuales y han incrementado la desconfianza en la capacidad del gobierno para proteger la información sensible. Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI), la responsabilidad de proteger estos datos recae ahora en la Transparencia del Pueblo, una entidad que aún debe demostrar su eficacia en este campo.
La protección de los datos personales es un aspecto crucial que debe ser atendido para evitar posibles abusos y garantizar la privacidad de los ciudadanos. El gobierno tendrá que implementar medidas de seguridad robustas y transparentes si desea convencer a la población de los beneficios de este nuevo sistema de identificación. La transparencia en el manejo de los datos será fundamental para construir la confianza pública necesaria para el éxito de la iniciativa.
Controversias y desconfianza pública
El tema de la confianza en el gobierno y en sus instituciones no puede ser soslayado. La polémica en torno al Rancho Izaguirre, donde el gobierno insiste en que era un centro de adiestramiento y no un campo de exterminio, a pesar de las declaraciones de testigos sobre asesinatos y torturas, es un ejemplo reciente de cómo las acciones gubernamentales pueden generar desconfianza. Este caso subraya la necesidad de que cualquier iniciativa que involucre la recopilación de datos personales debe ser manejada con el más alto nivel de transparencia y responsabilidad.
Además, la propuesta de la CURP mejorada debe ser cuidadosamente evaluada para mitigar los riesgos de un uso indebido de la información. Un marco regulatorio robusto es esencial para garantizar que los datos no sean utilizados con fines distintos a los originalmente previstos y que se respeten los derechos de privacidad de los ciudadanos.
Hacia una solución integral
Con el objetivo de abordar los desafíos relacionados con la identificación y la búsqueda de personas desaparecidas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha presentado una propuesta para mejorar la Clave Única de Registro de Población (CURP). Esta propuesta plantea la inclusión de información biométrica, como huellas dactilares y fotografías, junto con otros datos personales, transformándola en un documento de identificación único. Esta medida no solo busca facilitar la localización de personas desaparecidas, sino también aumentar la seguridad y precisión en la identificación de individuos. Sin embargo, la acumulación de datos tan sensibles ha generado un intenso debate sobre los beneficios y los posibles riesgos que tal centralización podría comportar en términos de privacidad y vulnerabilidad ante potenciales hackeos de bases de datos. El gobierno tendrá que sopesar cuidadosamente estos aspectos antes de su implementación para garantizar tanto la eficacia como la seguridad y los derechos de los ciudadanos.
